CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. Gerencia Forestal. Apéndice Normas Reasentamiento Involuntario Proyecto GEF Manejo Sustentable de la Tierra.


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1 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL Gerencia Forestal Apéndice 7.07 Normas Reasentamiento Involuntario Proyecto GEF Manejo Sustentable de la Tierra. Ministerio de Agricultura (MINAGRI) Corporación Nacional Forestal (CONAF) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Ministerio de Medio Ambiente (MMA) Santiago 2012

2 Preparado por Marcos Rauch González Arqueólogo (Ma) Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas CONAF y Luis Reyes Marchioni Ingeniero Forestal Gerencia Forestal CONAF

3 ÍNDICE 1. Introducción Marco jurídico nacional Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente D.S. N. 95 de 2001 (MSGPR), Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Ley (MDS), Ley Indígena Convenio N 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo Normas operacionales básicas Dimensiones del Reasentamiento Protocolo de operación para el reasentamiento 8

4 LISTADO DE ACRONIMOS UTILIZADOS CONAF MSGPR MDS OIT DS Corporación Nacional Forestal Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República Ministerio Desarrollo Social Organización Internacional del Trabajo Decreto Supremo

5 1. Introducción Tanto en los objetivos como en las actividades propuestas por el Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra en cada una de las áreas piloto focalizadas, no se contempla ejecutar acciones de reasentamiento involuntario que afecten a los beneficiarios, entiéndase esto como el desplazamiento o pérdida de tierras, viviendas, bienes inmuebles o activos físicos. Sin embargo, podría ocurrir que para cumplir con los objetivos del manejo sustentable de la tierra, si se generen desplazamientos, traslados, reubicaciones o restricciones de las actividades productivas y de ahí se podría impactar en la matriz y pautas productivas territoriales, o bien, generar una disminución o variación de los ingresos familiares de los participantes, lo cual, podría afectar su calidad de vida. La revisión de la institucionalidad y normativa chilena al respecto, más las Políticas Operacionales del Banco sobre Reasentamiento Involuntario (OP 4.12, permite establecer un marco de acción básico para la eventualidad de implementar acciones de reasentamiento involuntario. 2. Marco jurídico nacional 2.1. Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente En el Artículo 11 de esta Ley, se establece que todo proyecto o actividades enumerados en el artículo 10 requerirán de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. Para el proyecto, aplicarían los siguientes literales del Artículo 11 por eventualmente efectos: b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona. Para los efectos adversos señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley Cabe señalar que el Artículo 11 bis de la Ley 19300, establece que los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, para ingresar adecuadamente al sistema. No se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas.

6 2.2. D.S. N. 95 de 2001 (MSGPR), Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental En lo que respecta al Reasentamiento, el Reglamento de la Ley profundiza lo establecido en dicho cuerpo legal, estableciendo a través de su Artículo 8, que el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, si su proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas, se considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en el área de influencia del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas. 1 Finalmente, se proponen siete dimensiones de análisis para evaluar la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres locales, y que se presentan en el numeral 3 de este documento Ley (MDS), Ley Indígena Esta Ley en su Artículo 1, establece que es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. Por otra parte consagra la participación de los Pueblos Originarios en la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, señalando, además, que La Corporación Nacional Forestal o el Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación de Desarrollo Indígena, de común acuerdo, determinarán en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso que en aquellas áreas corresponda a las comunidades. Finalmente, respecto al reasentamiento en esta Ley, existe una mención en su Artículo 74, pero referida a las comunidades indígenas de los canales australes, donde procurará: a) Estimular la participación de ellos en los planes y programas que les atañen. b) Obtener su reasentamiento en sus lugares de origen u otros apropiados. c) Establecer zonas especiales de pesca y caza y áreas de extracción racional de elementos necesarios para su supervivencia y desarrollo Convenio N 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. 2 Por medio de este Decreto el Estado de Chile reconoce e incorpora oficialmente el Convenio N 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo cuerpo legal, entre otras materias, se reconoce el derecho de participación y consulta a los Pueblos Originarios del país, y obliga a reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de las comunidades indígenas del país. 1 El Reglamento define como comunidades humanas o grupos humano a todo conjunto de personas que comparte un territorio, en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas, y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. 2 Vigente en Chile desde el

7 Sin embargo, sobre el reasentamiento involuntario, el Convenio en su Artículo 16, literales 1), 2), 3) y 4) se refiere de forma específica a cómo el Estado debe tratar la reubicación física de los Pueblos Indígenas desde las tierras que tradicionalmente ocupan o les pertenecen, evitando el traslado en primera instancia, y cuando no fuere posible, hacerlo con consentimiento previo y con el compromiso de retornarlos a sus tierras y proveer de indemnizaciones plenas y equivalentes al daño causado. En cuanto al reasentamiento o reubicación de las actividades productivas que los pueblos indígenas desarrollan en sus tierras (territorios), estas se encuentran suficientemente protegidas en el Convenio al establecerse en este cuerpo legal que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados (Artículo 4, número 1.), traduciéndose esto, en que ante cambios de cualquier tipo en los ámbitos que se indican en el Artículo, corresponde tomar las prevenciones necesarias para evitarlos, minimizarlos y/o mitigarlos, incluyendo aquellos que implícitamente conlleva el reasentamiento o reubicación de las actividades y prácticas productivas tradicionales de los beneficiarios indígenas ante la ejecución del presente Proyecto. En la práctica, y como una herramienta eficiente para la búsqueda de soluciones al tema de la reubicación o exclusión de usos, ya sea de tierras o de recursos naturales por parte de población indígena, corresponderá la aplicación de consultas previas, libres e informadas. Esto, en los términos que lo establece el Convenio N 169 en su Artículo 6, número 1, letra a), en cuanto a que habrá que consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 3. Normas operacionales básicas El siguiente, corresponde al protocolo normativo, que incorpora lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley , las recomendaciones de Convenio N 169 de la OIT, y los establecidos por las OP 4.12, para el caso del Reasentamiento Abreviado, que permitirá abordar la eventualidad de que el proyecto y/o actividad específica tenga efectos o produzca reasentamiento o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de las comunidades objetivos del proyecto Dimensiones del Reasentamiento Para efectos prácticos, en cada área piloto se mantendrá un monitoreo permanente por parte de la Gerencia Técnica del Proyecto, para las siguientes dimensiones del reasentamiento; a) Dimensión geográfica. Para este efecto se deberá evaluar la distribución de los grupos humanos en el territorio y la estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución espacial de la población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; y los flujos de comunicación y transporte; b) Dimensión demográfica, consistente en la estructura de la población local por edades, sexo, rama de actividad, categoría ocupacional y status migratorio, considerando la estructura urbano rural; la estructura según rama de actividad económica y categoría ocupacional; la población económicamente activa; la estructura de edad y sexo; la escolaridad y nivel de instrucción; y las migraciones;

8 c) Dimensión antropológica, considerando las características étnicas, y las manifestaciones de la cultura, tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festivales, torneos, ferias y mercados; d) Dimensión socio-económica, considerando el empleo y desempleo, la presencia de actividades productivas dependientes de la extracción de recursos naturales por parte del grupo humano, en forma individual o asociativa; su valorización, entre otros. e) Dimensión de bienestar social básico, relativo al acceso del grupo humano a bienes, equipamiento y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación y sanitarios. f) Dimensión temporal, estimación de la duración o la magnitud de la actividad que produce efectos de reasentamiento, o se obstruye el acceso a los recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor económico, y provocan alteraciones significativas de los sistemas de vida y costumbres de las comunidades objetivos del proyecto. g) Dimensión de participación, entendida como la participación efectiva y la negociación de las comunidades involucradas a través de comités, comunidades indígenas, asociaciones gremiales, junta de vecinos, consejos, etc Protocolo de operación para el reasentamiento 1) Definir la/las dimensión del reasentamiento que se afecta. 2) Determinar si la afectada corresponde a población indígena o no indígena la, incluyendo los alcances, efectos e impactos proyectados. 3) Mediante Informe detallado, comunicar a la coordinación regional / nacional del Proyecto respecto de la situación de reasentamiento que se requiere, la normativa nacional que aplica y la propuesta con las medidas para su eliminación, minimización y/o mitigación. 4) Si se tratare de población indígena, se aplicará una consulta previa, libre e informada, en concordancia con los estándares establecidos en el Convenio N 169 de la OIT. Además, se estudiará si aplica la Ley Sobre de Bases Generales del Medio Ambiente y la demás Reglamentación nacional existente sobre Reasentamiento. 5) Si se tratare de población no indígena, se examinará la aplicación de la Ley Sobre de Bases Generales del Medio Ambiente y demás Reglamentación nacional sobre Reasentamiento. 6) En ausencia de una normativa ad hoc aplicable y pertinente para resolver cualquier necesidad de reasentamiento con la ejecución del Proyecto en la dimensión que fuere se aplicarán los principios y objetivos de las Políticas Operacionales del Banco sobre Reasentamiento Involuntario (OP 4.12), primando en todo el proceso; el acuerdo, el consenso y el consentimiento de la población afectada.

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